Otras medidas RD-L 8/2020
17 marzo 2020 versión 1
A. Teletrabajo:
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Se establece con carácter preferente.
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Se entiende cumplida la obligación de riesgos laborales a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora con teletrabajo.
B. Empleo:
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Se aprueba un derecho a la adaptación de la jornada laboral para aquellos trabajadores por cuenta ajena que deban atender a personas que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal por el COVID-19.
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Las personas necesidades de atención puede ser cónyuge o pareja de hecho, así como familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora
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Este derecho debe ser ejercido de forma justificada y proporcionada en relación con la situación de la empresa, velando por su cumplimiento razonable los tribunales de la jurisdicción social.
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El derecho se puede concretar en cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, etc., pudiendo extenderé al 100% de la jornada.
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La contrapartida es una reducción proporcional de salario y requiere una comunicación a la empresa con 24 horas de antelación.
C. Moratoria en el pago de préstamos hipotecarios:
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Se establece una moratoria en la pago de los préstamos hipotecarios para la adquisición de primera vivienda.
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La moratoria implica la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado para la misma y la consiguiente inaplicación de la cláusula de vencimiento anticipado.
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La solicitud de moratoria debe realizar directamente a la entidad acreedora, debiendo adjuntarse
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Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones en caso de desempleo.
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Certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en caso de cese de actividad.
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Libro de familia
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Documentación justificativa de la titularidad de la primera vivienda.
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Declaración responsable del deudor sobre el cumplimiento de los requisitos sobre ingresos mensuales de la unidad familiar.
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El colectivo susceptible de beneficiarse de esta moratoria son : i) trabajadores por cuenta ajena desempleado o por cuenta propia que pasen a situación de cese de actividad y ii) el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior con carácter general, el límite de tres veces del IPREM (IPREM 2020 Mensual: 537,84 euros).
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Practicada la comunicación, la entidad financiera debe aplicar la moratoria en el plazo máximo de 15 días.
D. Garantía de suministro de servicios de Internet y comunicaciones:
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En aras a fomentar el teletrabajo, no se permite la suspensión del suministro de servicios de comunicaciones electrónicas y la conectividad durante el periodo de vigencia del estado de alarma.
E. Interrupción del plazo de devolución de productos:
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Se suspende el plazo de devolución de productos adquiridos tantos de forma presencial como online de acuerdo con la legislación de consumidores y usuarios.
F. Financiación de empresas y autónomos:
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Se abre la posibilidad de solicitar avales al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para solicitar financiación a entidades de crédito para atender la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez.
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Se amplían las líneas de financiación del ICIO, que se tramitan a través de la intermediación de las entidades financieras.
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Se ofrecen líneas adicionales de cobertura para la exportación ofrecidas por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación S.A. Cía. de Seguros y Reaseguros (CESCE).
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Los titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía del año 2017, que concertaron créditos financieros al amparo de las órdenes AAA/778/2016, APM/728/2017, APM/358/2018 podrán solicitar a las entidades financieras prolongar hasta en un año, que podrá ser de carencia, el periodo de amortización de los préstamos suscritos.
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El Estado podrá apoyará financieramente, mediante la financiación del Instituto de
Crédito Oficial ICO para las PYMES la compra y leasing de equipamiento y servicios para la digitalización de la PYME y las soluciones de teletrabajo
G. Contratos públicos:
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Se establece la posibilidad de suspender los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público, cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local.
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La suspensión se declarará por la entidad adjudicataria de forma automática desde que tenga lugar la situación de hecho que impide su prestación.
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La entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión , previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista.
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Los daños y perjuicios indemnizables son:
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Los gastos salariales.
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Los gastos por mantenimiento de la garantía.
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Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos, adscritos al contrato.
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Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro.
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La suspensión de los contratos del sector público no constituirá una causa de resolución de los mismos.
H. Registro de la propiedad y mercantil:
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Durante el tiempo de vigencia del estado de alarma, se suspende la caducidad de los asientos registrales, lo que implica que se entiende suspendido al plazo de 2 meses de subsanación de defectos subsanables, de tal forma que, en caso de ser subsanados, el acto inscribible se entiende escrito a la fecha del asiento de presentación, a pesar de que hayan transcurrido el plazo de 2 meses.
I. Concurso de acreedores:
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Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso.
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Hasta que transcurran dos meses a contar desde la fecha de finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante el estado de alarma o durante dicho plazo de 2 meses posteriores.
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No estarán obligados a presentar concurso de acreedores aquellos deudores que se hayan comunicado al Juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores (Art. 5.bis Ley Concursal).
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